Aprueban decreto para acelerar depuración policial en Honduras

policialTegucigalpa,

Honduras

Los diputados del Congreso Nacional aprobaron anoche por unanimidad en una sesión extraordinaria y privada un decreto de emergencia para acelerar el proceso de depuración de la Policía.

El Congreso autoriza al nuevo director de la Policía Nacional, Juan Carlos El Tigre Bonilla , “para que un período de seis meses tenga potestades especiales para realizar separaciones y nombramientos y remoción de policías, oficiales y de la escala básica en coordinación con el ministro de Seguridad para depurar la policía”. Bonilla podrá separar a quienes no pasen las siguientes pruebas: de confianza (es decir queda autorizado a aplicar el detector de mentiras), toxicológicas y de desempeño, lo que significa que si durante la función en su departamento aumenta la criminalidad o el tráfico de drogas puede despedirlos de inmediato.

La decisión fue tomada en una sesión a puertas cerradas, luego que el Poder Ejecutivo envió el decreto en el que se imponen medidas como la suspensión de varios artículos de la Ley Orgánica de la Policía Nacional.

Según versiones, la depuración sería tan acelerada que dejaría fuera a al menos el 40% de los elementos. El Tigre Bonilla se reunió con miembros de la comisión especial de dictamen por cinco horas y dijo que son “miles” los que podrían irse.

Garantías

El decreto suspenderá algunas garantías en el caso concreto de los elementos policiales que tengan cuestionamientos. Este decreto duraría al menos 180 días pero de ser necesario se ampliará para no dejar inconcluso el proceso.

Para acelerar la depuración se deja sin efectos algunos artículos de la Ley de Policía orientados a que las pruebas de confianza, es decir las toxicológicas y las de calígrafo sean suficiente evidencia, de resultar positivas, para dejar fuera a cualquier policía.

Uno de los diputados dijo que “el decreto de emergencia autoriza al director de la Policía Nacional para que pueda hacer pruebas toxicológicas de manera inmediata, desde los jefes hacia abajo y pruebas de desempeño para tomar decisiones de separar y depurar, eliminar todos los procedimientos actuales de la Ley de Policía en esos extremos”.

La sesión fue convocada para las 2:00 pm, pero inició después de las 6:00 y tras ser presentado el proyecto ante el pleno, el ministro de Seguridad, Pompeyo Bonilla, y el director de la Policía Nacional, comisionado general Juan Carlos Bonilla atendieron a los medios de comunicación.

“Esta ley es para tomar acciones pertinentes, aceleradas, respetando los derechos, fortaleciendo la institucionalidad de la Policía, a los policías correctos que no se dejan sobornar ni intimidar y que harán una policía confiable para el pueblo hondureño”, dijo el ministro.

El nuevo director de la Policía señaló que “el objetivo primordial de este decreto de emergencia es fortalecer la institución, premiar a los oficiales y policías destacados por sus honrosos servicios, y sacar de la institución a quienes no cumplieron con los objetivos de la policía. Citó a todos los policías que no se busca violentar derechos o hacer las cosas a matacaballo, se quiere que la población tenga confianza en su policía y solo se logra con respuestas positivas”.

Para lograr mayor privacidad, los parlamentarios dispensaron la presencia de medios de comunicación, técnicos de sonido, empleados de Canal 20 y de los asistentes de cámara, de tal manera que no quedó ni audio ni video de lo ocurrido.

Otro legislador dijo que este decreto es similar al que presentó el exministro de Seguridad, Óscar Álvarez. En materia de seguridad está vigente aún un decreto aprobado el 5 de diciembre del año pasado, mediante el cual se le permitió a las Fuerzas Armadas cumplir funciones policiales, primero por tres meses y el Ejecutivo lo amplió por otros tres meses más.

Dice la ley

El decreto suspende los capítulos V y VI de la Ley Orgánica de la Policía, contenidos en el decreto 67-2008, sobre el régimen disciplinario y las garantías que reconoce la Ley sobre la suspensión.

Con la medida, los diputados pretenden impulsar la depuración de la institución policial, sumida en el descrédito nacional e internacional por la vinculación de sus elementos en actividades delictivas.

El artículo 115 del capítulo V de la Ley Orgánica establece que: “El miembro de la Policía Nacional sometido a Proceso Penal o procedimiento disciplinario por falta grave, será suspendido en el desempeño de sus funciones. Si el miembro de la Policía Nacional fuese encontrado in fraganti en la comisión de un delito, de inmediato será puesto a la orden del Ministerio Público”.

El artículo 116 establece que: “Cuando a un miembro de la Carrera Policial se le haya dictado auto de prisión y medidas cautelares por delito doloso se suspenderá de inmediato de su cargo, sin perjuicio de sus derechos. Si la duración de la medida adoptada excediere los seis (6) meses, dará lugar a la terminación de la Carrera sin responsabilidad para el Estado, salvo que estas acciones sean derivadas del servicio o que haya indicios de legítima defensa, causa fortuita o fuerza mayor”.

El decreto allana el camino al nuevo director de la Policía para sacar de la institución a los oficiales de la quinta promoción y de las anteriores (primera, segunda, tercera y cuarta) que todavía están en servicio.

Los oficiales que conforman la quinta promoción son Ricardo Ramírez del Cid , exdirector de la institución; Santos Simeón Flores, exjefe de la Dirección de Asuntos Internos; Marco Tulio Palma Rivera, extitular de la DNIC (Dirección Nacional de Investigación Criminal) y Danilo Orellana, exdirector de Centros Penales. También José Luis Muñoz Licona, quien fungía como máximo jerarca policial cuando asumió Ramírez del Cid y René Maradiaga Panchamé, subdirector de la Policía en tiempo de Muñoz Licona.

Sacudidas han sido inútiles

En los últimos ocho meses, la Policía Nacional ha sido objeto de remezones que no han servido para frenar la corrupción en la dependencia y bajar los índices de criminalidad.

En ese período se han nombrado tres directores nacionales y se han realizado cambios en el resto de la cúpula policial.

Cuando sucedió el asesinato de los dos universitarios Rafael Vargas Castellanos y Carlos Pineda a manos de policías en octubre de 2011, el director de la Policía Nacional era José Luis Muñoz Licona.

Se determinó separar a Licona y en su lugar se nombró a Ricardo Ramírez del Cid, el 1 de noviembre de 2011.

Junto a Licona se fueron los demás directores de las otras dependencias para dar paso a otros altos oficiales.

Igualmente se crearon nuevas instituciones encargadas de contarle las costillas a la Policía Nacional.

Pero luego del asesinato del periodista Alfredo Villatoro, el 15 de mayo pasado, el gobierno determinó cambiar a Ramírez del Cid por Juan Carlos Bonilla, a inicios de la semana.

Meses antes del secuestro y asesinato del comunicador social también se suscitó el crimen del ex asesor del ministerio de Seguridad, Alfredo Landaverde.

En  ese caso la Policía la Policía no ha tenido resultados lo cual influyó también en el cambio de Ramírez del Cid.